La
Gobernación de Tocopilla tomó conocimiento, que con ocasión de un control policial
por infracción al Decreto Ley 1094, en una la propiedad ubicada en calle Aníbal
Pinto se estaría ejerciendo el comercio sexual por un grupo de ciudadanas
extranjeras, las que, producto de su situación de vulnerabilidad, estarían
siendo explotadas sexualmente.
La
querella es en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices o
encubridores de los eventuales delitos que pudieran aparecer en el transcurso
de la investigación.
La situación da cuenta de mujeres
de nacionalidad boliviana que estarían ilegalmente en territorio nacional
quienes habrían ingresado bajo promesa de trabajo. Eventualmente derivaron al
comercio sexual en un régimen de explotación. Las involucradas trabajaban por
una tarifa que, en un porcentaje significativo, era retenido por quien
arrendaba el inmueble.
Esta situación podría
configurarse como delito de trata de
personas, contemplado en el artículo 411, que dice: “El que mediante
violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la
víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o reciba
personas para que sean objeto de alguno forma de explotación sexual, Incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos, será castigado
con la pena de reclusión mayor en
sus grados mínimo a medio y multa
de cincuenta a cien unidades tributarias
mensuales”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario